Es lo que pensé cuando vi la que se está liando tras la expropiación aplicada por el Gobierno argentino a Repsol. Y no es que me parezca bien, ni me alegre; me parece muy mal y me enfada.

Pero no tengo más remedio que pensar que eso mismo es lo que ha hecho el Gobierno español con las renovables y con las inversiones de grupos financieros y particulares (entre ellos yo mismo) nacionales y extranjeros, quienes hemos creído en la seguridad jurídica que teníamos en un país como el nuestro, que presume de democrático y moderno.

No puedo entender por tanto que ahora en España haya quienes se “rasguen las vestiduras” porque en un estado que se supone  también soberano como Argentina el Gobierno actúe así, cuando en España también se han hecho cosas parecidas. 

Una empresa como Repsol, que decide invertir los beneficios que ha obtenido a partir de los consumidores de energía españoles y se dedica en otro país a intentar mejorar sus cuentas buscando (y encontrando) petróleo y cuando lo tiene todo en el camino que pretendían (ganar más dinero), llega el Gobierno argentino y la expropia. ¿No hubiera resultado mejor invertir en el petróleo español? Es decir, en el sol o la biomasa que tenemos aquí.

En fin, que el Gobierno español -por exponer mi caso concreto- me expropia mis horas de sol (de 1562 que tengo en mi instalación de mi casa en Mairena del Aljarafe me las limita a 1250) por una ley que viola también el principio de seguridad jurídica; igualito que en Argentina con Repsol, aunque con menos cantidad de dinero involucrada.

Curioso, ¿no?

Cada vez que leo una noticia como la que da El País referida a un accidente en una central nuclear me acuerdo de las promesas de los partidos políticos en campaña electoral: dicen justo lo contrario de la realidad y de lo que luego hacen.

Los datos de Eurostat muestran algo que no sé si todo el mundo sabe:

Los consumidores de nuestro país pagan la electricidad a razón de 16 céntimos de euro el kWh. Eso en sí mismo no es una noticia. Sí lo es que el aumento de los últimos años es –a mi entender- excesivo. Y lo peor es que quieren que siga aumentando.

En realidad no es así. Los consumidores de electricidad de España ya hemos pagado los errores de los gobiernos del PP (1996-2004) y del PSOE (2004-2011), unos por acción y otros por omisión. Y los seguimos pagando.

Han tenido muchas ocasiones para corregir esos errores y ahora el nuevo gobierno vuelve a tener la oportunidad, el derecho para hacerlo y el deber ya ineludible.

Me explico, aunque sea de forma simplificada: